Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala
Estimados Señores y Señoras,
Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).
SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.
SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.
Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.
Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población
Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.
Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.
Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.
Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.
El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.
Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..
A las autoridades del Estado mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:
Que reconozcan públicamente el aumento de la violencia en el estado de Chiapas y particularmente el conflicto armado que afecta a la región fronteriza con Guatemala desde 2021.
Que se garantice la protección de la población civil frente a la violencia, asegurando la acción pertinente de las entidades estatales de carácter civil. También les solicitamos implementar una perspectiva interseccional para la atención a los grupos más vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas, etc.).
Que se asegure la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos de las zonas asoladas por la violencia, así como de periodistas que cubren la región a través de las medidas previstas por el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Que se garanticen mecanismos prioritarios, seguros, eficaces y efectivos de acceso a la justicia para las personas víctimas de violaciones de derechos humanos de las áreas afectadas por la violencia.
Que se aplique una respuesta coordinada e integrada de todas las entidades institucionales competentes para generar atención humanitaria tanto a la población civil que se mantiene en las áreas afectadas por la violencia como a la población víctima de desplazamiento forzado. Para tal fin, consideramos que sería relevante una articulación con agencias multilaterales y organizaciones sociales especializadas para la respuesta humanitaria.
Que se coordine una respuesta institucional para garantizar a la población civil el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que ya están previstos por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
A la comunidad internacional solicitamos:
Que reconozcan públicamente el aumento de la violencia en el estado de Chiapas, así como el conflicto armado que afecta a los municipios de la zona fronteriza con Guatemala.
Que se mantenga un diálogo permanente con las autoridades federales y estatales de Chiapas sobre el conflicto armado en la región Frontera proporcionando asistencia técnica y financiera para su resolución/abordaje.
Que se apoye y respalde públicamente a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en las áreas involucradas en la violencia, instando a las autoridades a asumir sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos humanos en la zona.
Que se coopere con las agencias multilaterales, organizaciones internacionales y las autoridades federales y estatales para garantizar la atención humanitaria y la protección de los derechos humanos de la población.
Convencidos de que esta carta de preocupación va a despertar su movilización, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.
Un saludo cordial,
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)
Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ)
Chiapas, México
Foto Sipaz