LETRA SINDICAL
Através de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros instrumentada durante este sexenio, el Estado por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha hecho distintas modificaciones administrativas que violan derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación.
En estos momentos está en marcha el Proceso de Reubicación de Docentes, una medida administrativa con un claro propósito lesivo para el trabajador de la educación, que violenta el derecho constitucional a la educación.
La interpretación institucional de la SEP al párrafo constitucional El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos., tiene como consecuencia inmediata la violación de los derechos laborales del trabajador de la educación y en el fondo atenta contra el derecho a la educación.
La lógica del llamado Proceso de Reubicación de Docentes es simple, se trata de ubicar a docentes (recursos) que se consideren excedentes en algunos centros de trabajo para ser transferidos en aquellos donde no existan suficientes (necesidades), bajo la denominación técnica de recursos-necesidades.
De acuerdo con ello, para el Estado y la SEP al amparo de datos estadísticos supone que existen docentes en demasía en algunos centros de trabajo, por lo que no existe necesidad de realizar mayor contratación, lógica que justifica la inviabilidad de más plazas de nueva creación, porque sobran.
El protocolo para realizar estos cambios o el conjunto de movimientos para que el trabajador de la educación pueda estar medianamente estable en términos laborales o legales, es un trámite burocrático que, de no estar de acuerdo, la SEP tomaría la decisión de reubicarlo de acuerdo a la prioridad institucional, una forma autoritaria de proceder de las autoridades educativas.
Se trata de sacar a los docentes de la zona económica para colocarlos allí donde según la SEP hacen falta, pero sin que el Estado erogue más recurso para ello, se le quita a una escuela u otro centro de trabajo, a uno o más docentes para colocarlo en otro lugar.
De está manera pretenden hacer creer que existen más espacios en disposición para la cadena de cambios estatal, porque se sumarán los espacios generados por el Proceso de Reubicación de Docentes y aquellos espacios denominado por incidencia.
Este conjunto de movimientos no es un asunto exclusivamente técnico, mucho menos una medida administrativa bienintencionada que pretenda defender el derecho a la educación, sino todo lo contrario, por donde se le vea atenta en primera instancia contra el trabajador de la educación porque es reubicado de manera forzada del lugar que en un dado momento eligió, posteriormente contra el pueblo porque se le anula el derecho a la educación al tener menos docentes y en algunos casos, un motivo de cierre de la escuela.
A pesar de que exista la atenuante de que se hará conforme a los de menor antigüedad, es decir, que puede suponerse que se le protege a los de mayor antigüedad, la reubicación forzada puede hacerse en las escuelas donde ya llevan muchos años de servicio, es suficiente que la SEP tenga en la justificación técnica estadística la conclusión de que es necesaria hacer una reubicación, para ellos eso es lo importante.
De esta manera el Estado echa por la borda los esfuerzos del pueblo trabajador y de los trabajadores de la educación que en largas jornadas de movilizaciones conquistaron los derechos sindicales, como el de inamovilidad y el de hacer efectivo el servicio educativo.
Es una mentira siniestra que en las escuelas sobren los maestros, la justificación técnica para llegar a esta conclusión es una burda maniobra que en los hechos trata de coartar el derecho a la educación de los niños y jóvenes.
En ninguna escuela sobran los docentes como lo quieren presentar desde los datos estadísticos, la población ha crecido al paso del tiempo y en cada una de ellas aumenta la necesidad de mayor planta docente para abarcar a más alumnos, hay muchos jóvenes y niños que producto de la pobreza y miseria están forzados a trabajar en vez de estar en las escuelas. Más que hacer recorte de personal se requiere incentivar a los jóvenes para que se incorporen a la escuela, más docentes para aumentar el número de la matrícula.
Con la maniobra de la reubicación forzada no sólo se genera inestabilidad laboral para quien será afectado, también se abre la puerta para el cierre de escuelas, un fenómeno que no es la primera ocasión que se trata de consumar por parte del Estado y de las autoridades educativas, las leyes de educación anteriores de fondo llevan ese propósito, una forma de avanzar en el proceso gradual de materializar la privatización de la educación.
Para el gobierno la lógica es “optimizar” los recursos, hacer más con lo que hay, cuando en los hechos la necesidad es de más docentes, lo que implica más contratación, por tanto, la creación de más plazas de base, un hecho que desde los sexenios panistas y priistas se negaron a concretar, porque para ellos significaría fortalecer al sindicalismo que ejerce cuestionamientos y críticas hacia su política educativa.
La reubicación forzada afecta de manera directa al trabajador de la educación, en un principio de manera indirecta a los alumnos y padres de familia, en un mediano plazo la afectación es hacia el conjunto del proceso de enseñanza aprendizaje, de los docentes, alumnos y padres de familia, porque en los hechos se niega el derecho a recibir el servicio educativo.
Esta forma de actuar de la SEP y del Estado no es casualidad, es parte del conjunto de medidas administrativas que contempla la Ley de USICAMM para atentar contra la organización independiente de los trabajadores de la educación, una ley que en esencia tiene como fin romper con la unidad interna de la CNTE, su capacidad de organización y movilización.
El Estado sabe que no es con un solo golpe certero hacia la organización sindical independiente como se logra derrotar el sindicalismo independiente, sino con un conjunto de golpes que la vaya debilitando, que genere división al interior del gremio sindical, en términos políticos se trata de anular poco a poco las formas organizativas de los trabajadores, de mellar el poder político que se ha construido al calor de la lucha política contra el Estado. Ese es el papel que hoy cumple el proceso de reubicación de recursos.
Por eso se ha pronunciado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en sus palabras dicho proceso se detiene en aras de construir una mejor ruta que garantice el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación…, aparenta hacer ver esta medida como un asunto inofensivo que se va detener por órdenes del SNTE, sin embargo, en la práctica avanza.
La posición del SNTE tiene el fin de hacer bajar la guardia a la base magisterial para que vea en esta medida un asunto ya finiquitado, y desde las instituciones educativas avanzar en el proceso de corporativización y reubicación forzada.
Todo lo anterior son razones suficientes para oponerse a la reubicación forzada, encubierta en el lenguaje tecnicista de proceso de reubicación de recursos. El problema de la falta de docentes no se resuelve con sacar a uno de ellos para colocarlo en otro lugar, eso es tapar un hueco haciendo otro, se resuelve con la contratación de más plantilla docente, más trabajadores de la educación, pero no mediante contratos temporales, porque eso sólo genera incertidumbre jurídica laboral, se requieren plazas base que le permita al trabajador ejercer su práctica en condiciones óptimas.
El magisterio democrático debe oponerse a esta medida administrativa de carácter lesiva contra el trabajador de la educación, contra los padres de familia y alumnos, oponerse es defender no sólo el derecho laboral a permanecer en un lugar, es hacer defensa de la educación pública.
En estos momentos la defensa del derecho a la educación es por medio de la organización sindical que retome las conquistas sindicales que fortalezca la autoridad y capacidad organizativa del movimiento independiente. La lucha jurídica y la lucha política tienen que ir de la mano, no confiar en las palabras del SNTE, de una institución que a cada paso y decisión traiciona los intereses de los trabajadores de la educación.
¡Por una educación científica, gratuita, laica y popular!
Colectivo Magisterial Democrático Independiente
Marzo de 2024
